martes, 25 de junio de 2013

La reforma de la adjudicación de becas y las mafias universitarias

Empecemos diciendo que el adjudicar becas dependiendo del mérito y el esfuerzo me parece una buena medida en general. Eso sí, como siempre, al estar metido el Estado de por medio, estropea lo que sería una buena medida. Y ello es debido a dos problemas básicos:

- Las becas siguen siendo subvención pública, lo que implica que se pagan con el dinero robado a todos mediante impuestos: El fin no justifica los medios, y el robo siempre es robo, independientemente del destino del dinero robado.

- Las universidades estatales son, y lo digo porque he pasado por una, un antro de mafias, tanto estudiantiles como, sobre todo, de los departamentos docentes, que son en última instancia los que tienen "poder" sobre el alumnado. Mafias en todos los sentidos, llegando a haber amenazas si es preciso para proteger sus privilegios, ideologías y "poderes". Todo esto viene al caso porque, en muchas ocasiones, las calificaciones en estas universidades estatales no vienen dadas por los conocimientos adquiridos sino por la relación de cada alumno con las diferentes mafias departamentales. La nueva condición para la obtención de becas da aún más poder a dichas mafias.

Si ya las universidades estatales españolas son de lo peorcito del mundo, con docentes que muchas veces ni siquiera saben escribir correctamente pero con puesto fijo, y sus títulos papel mojado, imaginen cuando aún más cantidad de titulados deban dicho título no a los en su mayor parte deficientes conocimientos adquiridos durante su paso por las mismas, sino a su servidumbre a las mafias internas existentes en las mismas.

El verdadero paso para volver a tener universidades que sean centros de excelencia educativa pasaría, como siempre, por cerrar todo el tinglado estatal de educación que, como siempre, acaba convertido en un antro de corrupciones, mafias y favores. Pasar a un sistema exclusivamente privado en el que sean becados, preferiblemente con fondos privados, los mejores estudiantes que así lo necesiten. Pero eso no sucederá, el estatismo y colectivismo imperante no se puede permitir que mucha gente se plantee que se puede vivir sin ser siervo del Estado, que se premien el mérito y el esfuerzo en lugar del servilismo y el fracaso.

Como apunte final, y aunque realmente no lo veo necesario lo escribiré para evitar demagogia barata, con esto no quiero decir que todos los docentes de universidades estatales sean como comento en el post. Hay muchos que son muy buenos y ponen ganas e ilusión en lo que hacen ("curiosamente" suele ser gente que lleva poco tiempo en ese puesto, aunque no siempre, claro). Pero esos buenos profesores no tendrían problema para trabajar en un puesto privado, como sí lo tendrían todos los del tipo expresado en el artículo.

lunes, 27 de mayo de 2013

El papel higiénico de Venezuela y la burbuja inmobiliaria española

¿Qué tienen en común la reciente escasez de papel higiénico de Venezuela y la burbuja inmobiliaria española? Aunque parezcan cosas diferentes, tienen una causa común, el estatismo, y un desarrollo similar. Veamos con detalle las semejanzas y diferencias entre ambos problemas.

Partimos de sistemas ligeramente diferentes, pero iguales en lo básico, el estatismo, o sea el control por parte del Estado:

- Venezuela: Sistema socialista casi completo.
- España: Sistema socialdemócrata, es decir, la versión "light" del anterior.

Veamos las semejanzas entre ambos problemas:

Partimos de un control de precios para "garantizar el acceso al bien":

- En Venezuela, el control de precios es directo, es decir, se impiden las subidas de precios que compensarían la pérdida de valor de la moneda debida a la inflación generada por el gobierno (que no es, como dice la rae, un incremento del precio de los bienes, sino un incremento de la cantidad de moneda disponible que excede el incremento de riqueza que debería representar).

- En España, el control de precios es indirecto (versión "light"), es decir, se rebaja el precio efectivo del inmueble mediante la bajada de los tipos de interés del crédito necesario para adquirirlos, fijados por los bancos centrales controlados por la maquinaria estatal socialdemócrata (tanto española como europea).

La bajada artificial del precio del bien produce un incremento de la demanda sobre la oferta.

Se produce un acaparado del bien, debido a lo anterior, que excede la producción existente de dicho bien, es decir, la gente compra todo lo que puede al ser un precio inferior a su valor de mercado real hasta que no hay existencias.

Se produce una escasez del bien en cuestión, es decir, existe una demanda prolongada no cubierta por la oferta: aunque aumente la oferta, el bien se sigue acaparando al estar por debajo de su precio real, por lo que la demanda siempre va a ser superior. Esto provoca realimentación, empeorando el problema. En algunos casos es incluso peor: si se obliga a vender por un precio inferior al que cuesta producir el bien la oferta directamente deja de existir.

El Estado crea un control de la demanda:

- En Venezuela se procede al racionamiento del papel higiénico.

- En España, como no se puede racionar al no ser un sistema tan totalitario como el socialismo, se desincentiva la demanda mediante los impuestos asociados directos e indirectos (IVA, Plusvalías, IBI, etc) y la creación por parte del Estado de más "viviendas de protección estatal" con precios limitados, directamente fuera del mercado ya que se establecen unas condiciones específicas de acceso y se impide la "reventa".

Este control de la demanda lo que hace realmente es redirigirla (es como intentar detener completamente el curso de un río, se puede desviar, pero no detener), lo que provoca la aparición de un "mercado negro" fuera del sistema del Estado, que alivia la retroalimentación del problema:

- En Venezuela es un mercado negro completo, en el que se comercia con el bien fuera del alcance del Estado a un precio superior al establecido por éste.

- En España se producen masivos pagos "en B", fuera de lo escriturado oficialmente. En este caso, eso provoca que el precio real de las viviendas sea superior al oficial. También se producen alquileres y otros chanchullos con viviendas de protección estatal, específicamente prohibidos por el gobierno.

Persecución "legal" del mercado negro generado, lo que supone dos problemas: por un lado, al disminuir el mercado negro se vuelve a retroalimentar el sistema estatal, volviendo a incrementar el problema de base; por otro, debido al riesgo generado el precio en el mercado negro aumenta, llegando a superar con creces el precio normal de mercado del bien en cuestión si no existiese el control del Estado.

En cualquier caso tenemos que dicho control de precios provoca lo contrario de lo que se proponía, es decir, incrementa considerablemente el precio y disminuye la difusión de dicho bien, pasando a estar al alcance de cada vez menos individuos. Notable es también la contradicción del propio sistema, incrementando la demanda mediante la bajada artificial del precio para después tratar de contenerla.

A partir de aquí es donde el proceso cambia debido tanto a las diferencias en el tipo de gobierno, más o menos totalitario, como a factores intrínsecos al bien en cuestión. Aún así, el resultado es básicamente el mismo, como veremos a continuación. Veamos las diferencias:

Venezuela: El Estado decide importar (comprar) por su cuenta unidades del bien para "paliar" la escasez (usando para ello bien deuda emitida, bien dinero robado mediante impuestos, y es posible que se compren a un precio superior al de venta), pero no es más que un parche temporal, ya que esas nuevas unidades, como hemos visto, no satisfacen la demanda, al seguir estando el bien por debajo de su precio. Eso, unido al racionamiento, genera "hambruna" de dicho producto (es decir, una escasez crónica y prolongada) y, como siempre, miseria y pobreza.

España: Al no estar el precio limitado de forma tan tajante como en el caso anterior, lo que se produce es un incremento continuado del mismo que genera una burbuja económica, puesto que a pesar de dicho incremento, la demanda aumenta ya que lo hacen los "beneficios" (cuántas veces hemos oído eso de "la vivienda nunca baja") y el riesgo sigue siendo bajo. Este incremento de precio se sustenta sobre el crédito "barato". Así mismo, dicho incremento deja fuera del mercado a más y más individuos que no pueden pagar esos precios, pero que seguirían siendo parte de la demanda si pudiesen (es decir, necesitan una vivienda). A su vez, la recaudación del Estado por tasas e impuestos aumenta según lo hace la burbuja (recalificaciones, IVA, plusvalías, etc). Llega un punto en el que el crédito "se agota" (puesto que el crédito sigue siendo un objeto de mercado tiene un incremento de la demanda y dicha demanda no cubre toda la oferta, otra vez lo mismo), los tipos de interés suben para paliar las diferencias entre oferta y demanda del crédito, y la demanda del bien disminuye. Llega un punto en el que la demanda es igual o inferior a la oferta. Esto lleva a que se frene la producción del bien, en este caso las viviendas, con lo que se produce un desempleo masivo en la construcción y mercados asociados. Este desempleo provoca una bajada adicional de la demanda, ya que mucha gente que demandaba viviendas ya no puede hacerlo debido a su situación de desempleo (esto se agrava además si tenemos en cuenta que la mayor parte de empleos de construcción son no cualificados, lo que dificulta o impide su recolocación) o pérdida de poder adquisitivo. Todo eso se va realimentando (imaginemos un péndulo que se suelta desde un punto de máxima amplitud), provocando un exceso de oferta y un defecto de demanda. Ello provoca una caída del precio de la vivienda, lo que a su vez lleva a lo siguiente:
- El Estado recibe menos ingresos, que compensa emitiendo deuda para mantener su "elefantiasis". Esto genera más demanda de crédito, lo que retroalimenta una vez más el problema.
- Al bajar el precio de las viviendas disminuyen las garantías de las hipotecas asociadas, lo que provoca que particulares y entidades (empresas, banca...) incrementen su riesgo crediticio, ya que poseen deudas con garantías insuficientes y/o deudores con más riesgo de impago. A esto se le suma la pérdida de poder adquisitivo de individuos poseedores de hipotecas, lo que también incrementa su riesgo crediticio.
- Aumento de la morosidad: Al disminuir tanto las garantías de los créditos como la riqueza de los tenedores de los mismos se produce un incremento de los impagos, lo que provoca bancarrotas y desahucios.
- A esto le sumamos que el Estado decide rescatar a banca "pública", o sea de control estatal (es decir, las cajas de ahorros) que es la que más se ha endeudado (la inmensa mayoría de los rescates han sido de cajas de ahorro, debido al control del gobierno y la política de "derecho a poseer una vivienda", así como los intereses partidistas de sus gestores) usando dinero público, es decir, más impuestos y más deuda. Eso unido al desastre de estar controladas por el poder político, que antepone sus intereses a la lógica empresarial, hizo de la banca estatal, o sea, las cajas de ahorro, una ruina. El sector privado bancario también se aprovechó de la burbuja, claro, pero en general fue más previsor y ha tenido menos problemas.
Con todo lo anterior, ya tenemos el mismo resultado que en el caso del socialismo puro y duro: una deuda creciente del Estado, subidas de impuestos, escasez del bien que se pretendía proteger y, como siempre, miseria y pobreza.

Pero sigamos pidiendo más estatismo, más proteccionismo, más banca pública...

miércoles, 13 de febrero de 2013

Por qué la "dación en pago" obligatoria y retroactiva es perniciosa

La dación en pago obligatoria y retroactiva es perjudicial para todos debido, entre otras causas, a lo siguiente:

- La retroactividad supone cambiar las normas "de juego", es decir, el contrato ya firmado, de forma unilateral por una de las partes implicadas. Esto genera una inseguridad jurídica brutal, que tendrá como resultado que ni entidades bancarias, ni empresas, ni ningún tipo de inversión acabe llegando a España debido al riesgo que supone invertir en un país en el que se pueden incumplir contratos y cambiarlos unilateralmente una vez establecidos. Además incrementará la prima de riesgo del país, con lo que cualquier deuda estatal será mucho más cara (y recordemos que tenemos una deuda pública impagable para sostener todo el tinglado del mal llamado "Estado de Bienestar").

- Dicha retroactividad será un aliciente para que muchos hipotecados dejen de pagar la deuda, aumentando la morosidad del país y disminuyendo aún más la capacidad de crédito de las entidades bancarias. Luego empezarán las quejas de que dichas entidades no conceden préstamos.

- La obligatoriedad de la "dación en pago" no afecta a los embargos, se sigue permitiendo desalojar la vivienda. Y los que también quieren que se incluya una ley que impida el embargo de dicha vivienda asumen que somos los demás los que tenemos que pagar la irresponsabilidad de unos pocos (lo mismo vale para el robo que llaman "alquiler social"), ya que nos tocaría pagar, mediante impuestos y/o subvenciones, o bien mediante rescates/quiebras bancarios, ese dinero que ha robado el propietario de la casa que ya no se podría embargar (sí, es un robo, puesto que se queda con la casa sin pagar su precio).

- Esa obligatoriedad encarecerá las hipotecas futuras y dificultará terriblemente el acceso a las mismas. Al ofrecer menos garantías, el riesgo de ese tipo de crédito será mayor y por lo tanto mayores los intereses y más arduas las condiciones para el acceso al mismo. Si se llega a dar, estoy seguro de que veremos a los mismos inconscientes socialistas "de todos los partidos" quejándose de que los "malvados bancos" no conceden hipotecas, lo cual es como pedir que llueva y quejarse de se mojan por la lluvia. Pero no se puede esperar un razonamiento coherente de quien cree un derecho vivir de los demás.

- La hipoteca con dación en pago ya existe, siempre ha existido, pero como no es obligatoria y es más cara, nadie la ha pedido. Se pide la que obliga a responder con bienes presentes y futuros porque al tener más garantías es más barata. Hay que asumir lo que se pide. Y no me vale el "no entiendo las condiciones que he firmado". Es responsabilidad de cada uno el saber lo que se firma. Y si no se tiene capacidad para ello, contratar a alguien que la tenga. ¿Te gastas 300.000€ en una vivienda y no eres capaz de gastarte 200€ en un asesor que te vaya guiando en dicha compra? Lo dicho, es perjudicar a todos para ayudar a los irresponsables. Existiendo ambas opciones, es inmoral obligar a elegir una de ellas por ley.

En definitiva, estamos una vez más ante otra muestra de la irresponsabilidad propiciada por el socialismo, en el que los actos se diluyen en la masa y el Estado está para arreglar los problemas que trae dicha irresponsabilidad a costa del dinero de los demás. Lo bueno de todo esto es que, de aprobarse esa estupidez, serviría para acelerar más la caída de la socialdemocracia y del horrible "Estado de Bienestar" que esclaviza a los que producen riqueza para favorecer a los que no lo hacen.

sábado, 2 de febrero de 2013

Un sistema corrupto

Me sorprende cómo se ve gente que se queja de la corrupción que sale a diario sobre todos los partidos políticos influyentes. Es desagradable, pero no sorprendente, puesto que el propio sistema invita a ser así. Si pones la gestión de tu vida, tu educación y tus recursos financieros en manos del Estado, luego no te quejes si el gobierno de turno utiliza los privilegios que le has dado para enriquecerse. Si arrojas tu riqueza por el balcón, no te quejes de que otro la recoja.

Además este problema no es solamente del gobierno: es un problema de dos tercios de la población. Cuando dos tercios de España están viviendo del tercio restante, y encima consideran eso un derecho, ¿por qué los gobernantes deberían actuar de forma diferente? Simplemente su poder les permite trincar más que el resto, pero este resto se conforma con las migajas. Una prueba intachable de lo que digo es Andalucía: 36% de paro y el gobierno sigue ganando por mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque la gente prefiere las migajas que van soltando desde arriba a labrar su propia vida en libertad.

Esto lleva siendo así muchos años, pero sólo se hace evidente ahora que las fuentes de financiación para mantener el trinque, o sea, los productores (empresas, trabajadores privados) y la deuda, han sido agotadas. Ya no queda de dónde trincar. Y las quejas que surgen son más del tipo "qué hay de lo mío", es decir, quiero seguir siendo mantenido con esas migajas, que del tipo "quiero menos Estado ya, que me dejen en paz". Las manifestaciones piden generalmente que no se les quite su trinque personal, sea subvención o "servicio público".

Por eso la situación tiene tan difícil solución. La solución no pasa por cambiar a unos que trincan por otros que también trincan. Pasa por un cambio constituyente, que separe al Estado de la economía, la sanidad y la educación, igual que hay que separarlo de la religión. Un cambio que permita una separación efectiva de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En definitiva, un cambio que proteja los derechos fundamentales del individuo: A su vida, su libertad y su propiedad. Un cambio que elimine el mal llamado "Estado de Bienestar", que acaba siendo el "Bienestar del Estado", o sea, el trinque generalizado al productor de riqueza. Un cambio que elimine los mal llamados "derechos sociales", que no son más que "robar al vecino para pagar lo mío". Pero este cambio, con dos tercios de la población sierva del sistema actual, me parece muy improbable.

Aún así, también es cierto que la visión que yo tengo de las cosas sí que da un cierto aire de esperanza en una solución: Con un 26% de paro, si no fuese por el mercado negro (también mercado laboral), ya habría estallado una guerra civil. Dicho mercado negro, que se forma inevitablemente en todo sistema colectivista debido al totalitarismo inherente al mismo que lleva a la miseria, está haciendo comprender que el problema es el propio Estado elefantiásico, y no los enemigos tradicionales del colectivismo (ricos, empresarios, banqueros...). Va siendo hora de decidir si queremos parecernos a Cuba o Venezuela, y sufrir las consecuencias del estatalismo colectivista, o preferimos acercarnos a ejemplos como Chile, Hong Kong o Suiza, cada vez más ricos debido a su libertad económica (y a su libertad en general, diría yo).

miércoles, 23 de enero de 2013

El uso del miedo por parte del Estado

¿Cómo va adquiriendo poder un Estado? Mediante el miedo. El miedo es una poderosa herramienta de control de la población. No miedo al Estado directamente, sino a situaciones que las personas no puedan controlar. De ese modo el Estado aprovecha para asumir más y más "competencias" sobre la vida, la propiedad y la libertad de los individuos. De ese modo se gestan los estados elefantiásicos de la socialdemocracia en todas sus formas, así como del resto de colectivismos totalitarios, desde el fascismo al comunismo pasando por todos sus grados.

Ejemplos:

- Educación pública: Si no lo gestiona el Estado, tus hijos serán analfabetos.
- Pensiones: Si no lo gestiona el Estado, morirás de hambre en tu vejez.
- Sanidad pública: Si no lo gestiona el Estado, te morirás en la calle de cualquier enfermedad.
- Leyes laborales: Si el Estado no se encarga de protegerte laboralmente, morirás de hambre en una cuneta y no encontrarás nunca trabajo bien pagado.

Y no solamente ejemplos a tan alto nivel, incluso de vez en cuando se sueltan desde medios públicos (ONU, Unión Europea, gobiernos varios, etc) campañas destinadas a provocar la histeria y el pánico de la población para obtener un beneficio, por ejemplo la relativamente reciente paranoia con la "Gripe A", en la que se compraron millones de vacunas con el dinero de los contribuyentes que luego hubo que tirar. Pero el miedo ya estaba ahí.

Y en realidad es precisamente el Estado el que provoca esas carencias. Si no hay más trabajo es porque se ponen tantas trabas a las empresas que deciden irse de la zona o, en el mejor de los casos, pensárselo mucho antes de contratar a alguien; y ya no digamos de fomentar que se creen empresas (que son las productoras de riqueza) cuando se les sabla a impuestos incluso antes de empezar a operar. La gente se queja de que "cobra poco" y no podría sobrevivir sin las ayudas estatales, como la educación y la sanidad públicas, pero nunca han pensado que más del 50% de su sueldo es robado por el Estado para ofrecer esos servicios, que además son de pésima calidad. Por ejemplo, una persona que cobra 800€ netos al mes y se queja de que está explotada laboralmente y de que no tendría para pagar servicios "básicos": realmente el empresario que la tiene contratada ya está pagando por ella un mínimo de 1300€ (seguramente más), y si encima sumamos impuestos y tasas varios, acaba saliendo que sin el Estado de por medio tendría un poder adquisitivo semejante a cobrar 1600€, ¡El doble! (y eso despreciando la inflación provocada por los gobiernos, que genera más pobreza aún), todo ello sin contar con la ventaja económica que supondría tener esos servicios en libre competencia. Y no hablemos de la gestión pública de las pensiones, las cuales dependen de un futurible no garantizado en absoluto, más bien lo contrario (incremento de la población activa) y que son un esquema piramidal que en cualquier otra situación sería calificado de estafa, porque lo es.

El Estado está violando los derechos fundamentales del individuo (los únicos que existen realmente) vendiendo una falsa seguridad ante el miedo infundado que ellos mismos provocan, para que esa violación sea aceptada. Así se va creando un régimen de falta de libertad, de corrupción (aún hay quién se sorprende, cuando el sistema actual permite y apoya ese tipo de actividades) y de servilismo como el que "disfrutamos" hoy en día. Me hace gracia la gente que se queja del régimen actual y de lo que está sucediendo, y la solución que dan es más Estado, más de lo mismo, más ayudas y subvenciones públicas, más control estatal... Va siendo hora de dejarse de miedos, asumir que cada uno es responsable de lo que hace y empezar a quitar competencias al Estado, incluyendo (o mejor empezando por) las competencias económicas. Igual que con la religión, el Estado no debe meterse en economía. Ni en nada que afecte a los derechos del individuo. O seguiremos en la misma situación.